Unidad 01 — Responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos

Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado (la violación de una obligación internacional en vigor que le sea atribuible) genera su responsabilidad internacional, y de ella nace una nueva obligación: reparar. Es el eje del parcial porque ordena todo el sistema de protección: sin atribución no hay responsabilidad, y sin responsabilidad no hay reparación.

1. Concepto y formas de responsabilidad del Estado (ilícitos y actos no prohibidos).
2. Elementos del hecho ilícito: objetivo (violación) y subjetivo (atribución).
3. Circunstancias que excluyen la ilicitud (defensas del Estado).
4. Consecuencias jurídicas: continuidad, cesación, no repetición, reparación.
5. Formas de reparación: restitución, indemnización, satisfacción.
6. Responsabilidad internacional del individuo (penal), como contraste.

La lógica es secuencial: primero se verifica la violación, luego que sea atribuible al Estado, después que no medie una causal de exclusión, y recién entonces se analizan consecuencias y reparación.

1. Responsabilidad internacional por violaciones de DD.HH.: concepto y formas

En una frase: el Estado responde internacionalmente cuando viola una obligación en vigor, cualquiera sea su fuente (tratado o costumbre), y esa responsabilidad genera la obligación de reparar.

En lenguaje llano: si un país firma un compromiso (o está obligado por la costumbre) y lo incumple a través de sus órganos, no puede mirar para otro lado: la comunidad internacional le exige que responda y repare. Es como un contrato, pero entre el Estado y el orden jurídico internacional, y el damnificado es la persona.

Detalle técnico:

• Principio reconocido por jurisprudencia internacional (Fábrica de Chorzów, CPJI 1927; Canal de Corfú, CIJ 1949; Nicaragua c. EE.UU.) y por la doctrina.
• Las normas consuetudinarias sobre responsabilidad fueron codificadas por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en el "Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos" (2001; Res. A/RES/56/83). No es un tratado, pero Estados y tribunales lo citan habitualmente.
• DOS formas de responsabilidad del Estado:
  • a) Por actos ilícitos: órganos o funcionarios incumplen el derecho internacional por acción u omisión. Es la que se aplica habitualmente en DD.HH.
  • b) Por actos no prohibidos (responsabilidad "sine delicto"): actividades lícitas pero ultra-riesgosas que causan daño (envío de objetos al espacio, transporte de sustancias peligrosas).
• Diferencia con la responsabilidad del individuo: esta es de naturaleza PENAL y se persigue ante tribunales penales internacionales por crímenes internacionales.

2. Elementos del hecho ilícito (art. 2 CDI)

En una frase: hay hecho internacionalmente ilícito cuando concurren dos elementos: el objetivo (violación de una obligación en vigor) y el subjetivo (atribución al Estado); el daño y la culpa NO son elementos.

En lenguaje llano: para que un país "sea responsable" alcanza con dos preguntas: ¿incumplió algo que debía? y ¿ese incumplimiento se le puede achacar al Estado? No hace falta probar que hubo daño ni que el funcionario actuó con mala intención.

Detalle técnico:

• Elemento objetivo: violación o incumplimiento de una obligación internacional en vigor concerniente a la protección de los DD.HH. Puede ser por acción u omisión.
  • La calificación se rige por el DERECHO INTERNACIONAL, con independencia del derecho interno (art. 3 CDI).
  • Ekmekdjian c/Sofovich (CSJN, 1992, consids. 6 y 19): la violación de un tratado puede darse por normas internas contradictorias o por omitir las disposiciones necesarias.
  • Momento de la violación (arts. 12-15 CDI):
    • Art. 12: la violación se produce cuando un hecho del Estado no está en conformidad con lo que exige la obligación.
    • Art. 13 (irretroactividad): el Estado debe estar vinculado por la obligación al momento del hecho (Baena c. Panamá; Radilla Pacheco; Argüelles c. Argentina, 2014: incompetencia por hechos anteriores a la ratificación).
    • Art. 14 (extensión en el tiempo): (1) hecho no continuo o consumado (asesinato, tortura en fecha determinada); (2) hecho continuo (desaparición forzada, toma de rehenes — Tiu Tojín c. Guatemala); (3) obligación de prevenir: la violación se produce cuando el acontecimiento ocurre (las obligaciones de prevención son, por lo general, de MEDIOS). Campo Algodonero c. México (2009, párr. 280): prevención condicionada al CONOCIMIENTO de un riesgo real e inmediato y a las POSIBILIDADES RAZONABLES de evitarlo. OC 23/17 (párr. 119): responsabilidad por falta de regulación, supervisión o fiscalización de terceros.
    • Art. 15 (hecho compuesto): serie de acciones u omisiones que en conjunto se definen como ilícitas (genocidio, actos sistemáticos de discriminación). Heliodoro Portugal c. Panamá (2008, párr. 112): la desaparición forzada es hecho compuesto y continuado.
• Elemento subjetivo (atribución): la violación debe ser atribuible al Estado. Yvon Neptune c. Haití (Corte IDH, 2008, párr. 37): todo menoscabo atribuible a la acción u omisión de cualquier autoridad pública compromete la responsabilidad del Estado.
• El DAÑO no es elemento: solo importa en la reparación. La CULPA (ni el dolo) tampoco: Velásquez Rodríguez (1988, párr. 173): es irrelevante la intención del agente; solo puede exigirse si la obligación primaria lo establece (ej.: Convención contra la Tortura exige intención).
• Sin atribución no hay responsabilidad: Arrom Suhurt c. Paraguay (2019) — los indicios no alcanzaban para atribuir la privación de libertad a agentes estatales.

3. Atribución al Estado (arts. 4 a 11 CDI)

En una frase: el hecho se atribuye al Estado cuando proviene de sus órganos (cualquier poder, incluso actuando ultra vires), de personas facultadas para ejercer poder público, de particulares bajo sus instrucciones o control, o cuando el Estado lo reconoce y adopta como propio.

En lenguaje llano: el Estado no puede esconderse detrás de la forma. Si el que actuó era "su gente" (policía, juez, legislador, empresa contratada, grupo paramilitar coordinado), el Estado responde igual, aunque el funcionario se haya pasado de sus funciones o desobedecido órdenes.

Detalle técnico — supuestos de atribución:

• Art. 4 — Acto de órgano del Estado: cualquier poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), centralizado o descentralizado.
  • Ejecutivo: destitución de jueces (Apitz Barbera c. Venezuela); custodios de detenidos (Durand y Ugarte; Penal Castro Castro c. Perú).
  • Legislativo: código penal violatorio (Acosta Calderón c. Ecuador); no adecuar la legislación (Fornerón e hija c. Argentina).
  • Judicial: censura previa ("La Última Tentación de Cristo" c. Chile); retardo de justicia (Suárez Rosero c. Ecuador); Bayarri c. Argentina (2008).
  • Descentralizados: Claude Reyes c. Chile (Comité de Inversiones Extranjeras); Barbani Duarte c. Uruguay (Banco Central). La Grand (CIJ, 2001): gobernador de Arizona.
  • OC 21/14 (párr. 31): el tratado obliga a TODOS los órganos del Estado.
• Responsabilidad ultra vires (art. 7): el Estado responde aunque el funcionario se extralimite o contravenga instrucciones. Velásquez Rodríguez (párrs. 169-171): de lo contrario el sistema de protección sería ilusorio.
• Art. 5 — Persona facultada por ley para ejercer poder público: ej. empresas de seguridad privada en prisiones. Ximenes Lopes c. Brasil (2006): la tercerización no priva al Estado de la titularidad de la obligación.
• Art. 6 — Órgano de otro Estado puesto a disposición: posible responsabilidad compartida. La CDI cita la policía suiza en Liechtenstein como caso en que NO hubo puesta a disposición.
• Art. 8 — Particulares por instrucciones, dirección o control: O'meara Carrascal c. Colombia (2018, vínculos con paramilitares). Grado de control:
  • Nicaragua c. EE.UU. (CIJ, 1986): "CONTROL EFECTIVO".
  • Tadic (TPIY, 1999): "CONTROL GENERAL" (para calificar el conflicto; distinguió responsabilidad penal individual de la estatal).
  • Genocidio (Bosnia c. Serbia, CIJ, 2007): reafirmó el control efectivo de Nicaragua.
• Art. 9 — Funciones públicas "de hecho" en ausencia de autoridades: caso Yeager c. Irán (aeropuerto de Teherán).
• Art. 11 — Reconocimiento y adopción como propio: Personal diplomático de EE.UU. en Teherán (CIJ, 1980; aval de Komeini a la toma de la embajada).
• Art. 10 — Movimiento insurreccional que llega al poder: asunto Pinson (Francia c. México).

4. Circunstancias que excluyen la ilicitud (arts. 20 a 25 CDI)

En una frase: son las defensas del Estado (consentimiento, legítima defensa, contramedidas, fuerza mayor, peligro extremo y estado de necesidad) que, de mediar, impiden que nazca la responsabilidad.

En lenguaje llano: son las "justificaciones" que puede dar el Estado: "me dejaste hacerlo", "me defendí", "fue imposible cumplir". La mayoría casi nunca prospera en DD.HH., y ninguna vale contra normas de ius cogens.

Detalle técnico:

1. Consentimiento (art. 20): válido y previo, del Estado con quien existe la obligación.
2. Legítima defensa (art. 21): art. 51 Carta ONU; necesidad, proporcionalidad e inmediatez. Zambrano Vélez c. Ecuador (2007): esa concepción NO aplica para determinar la responsabilidad estatal bajo la CADH en operativos de seguridad.
3. Contramedidas (art. 22): medidas del Estado lesionado para obtener cesación y reparación (no castigo). Límites: no fuerza armada, no afectar DD.HH. fundamentales ni normas de ius cogens.
4. Fuerza mayor (art. 23): fuerza irresistible o acontecimiento imprevisto que hace MATERIALMENTE IMPOSIBLE cumplir. El Estado obra "involuntariamente".
5. Peligro extremo (art. 24): único modo razonable de salvar la VIDA HUMANA de personas a cargo. El Estado "tiene una opción".
6. Estado de necesidad (art. 25): único medio para preservar un INTERÉS ESENCIAL ante peligro grave e inminente. Es la causal MÁS RESTRINGIDA. Requisitos: "único modo", que el Estado no haya contribuido a la situación, que no ponga en peligro intereses esenciales ajenos, que la obligación no excluya la causal. Ej.: cierre de fronteras por epidemia (Decreto 274/20, COVID-19). Enhorn c. Suecia (TEDH, 2005): la detención para evitar propagar enfermedad no fue el último recurso.

• Diferencias clave: fuerza mayor = sin opción; necesidad = opción por un interés estatal esencial; peligro extremo = opción para salvar vidas.
• Reglas: no valen frente a normas de IUS COGENS; el DERECHO INTERNO nunca justifica (art. 32 CDI) — la causal más invocada y la que casi nunca prospera. Pese a la causal, el Estado puede deber reparación sine delicto al individuo.

5. Consecuencias jurídicas de la responsabilidad

En una frase: la responsabilidad no apaga la obligación: el Estado debe seguir cumpliéndola, cesar el ilícito, dar garantías de no repetición y reparar íntegramente el perjuicio.

En lenguaje llano: "ya pagué, entonces ya no debo cumplir" no existe en derecho internacional. Romper la regla no te libera de la regla: hay que volver a cumplir, frenar lo que sigue pasando, prevenir que vuelva a pasar y reparar lo roto.

Detalle técnico:

• a) Continuidad del deber de cumplir la obligación (art. 29 CDI): la obligación no termina automáticamente. El art. 60 de la CV 1969 (terminación por violación grave) NO se aplica a tratados de DD.HH. ni humanitarios en sus cláusulas de protección de la persona (art. 60.5).
• b) Cesación y no repetición (art. 30 CDI):
  • Cesación: poner fin al acto ilícito si continúa (mira al presente; ej.: desaparición forzada).
  • Garantías de no repetición: función PREVENTIVA hacia el futuro (a diferencia de la reparación, que mira al pasado). La Corte IDH las trata en "Reparaciones" (art. 63.1 CADH); la CDI no las incluye como reparación por considerarlas parte de la restauración de la relación jurídica.
• c) Reparación (art. 31 CDI): reparar ÍNTEGRAMENTE el perjuicio, material o moral. Yvon Neptune (párr. 152): toda violación que produce daño comporta el deber de repararlo. Sin responsabilidad establecida no proceden reparaciones (Arrom Suhurt).
• Consecuencias adicionales por violación de normas imperativas (ius cogens), art. 41 CDI — atanen a todos los Estados: (i) cooperar para poner fin a la violación grave; (ii) no reconocer como lícita la situación; (iii) no prestar ayuda o asistencia. Opinión Consultiva sobre el Muro (CIJ, 2004).
• Pueden coexistir la responsabilidad del Estado y la del individuo por los mismos hechos (tribunales distintos, consecuencias distintas).

6. Formas de reparación: restitución, indemnización y satisfacción

En una frase: la reparación puede ser restitución (volver a la situación anterior), indemnización (dinero) o satisfacción (reconocimiento, disculpas, actos públicos).

En lenguaje llano: primero se intenta "desarmar lo hecho" (si alguien está preso ilegalmente, liberarlo). Si eso es imposible o insuficiente, se paga. Y además hay gestos simbólicos que reparan lo moral: pedir perdón, publicar la verdad, homenajear a las víctimas.

Detalle técnico:

1. Restitución (art. 35 CDI): restablecer la situación previa, si es materialmente posible. Ej.: liberación del detenido ilegalmente. "La Última Tentación de Cristo": orden de modificar el ordenamiento interno para suprimir la censura previa.
2. Indemnización (art. 36 CDI): pago que cubre todo daño evaluable financieramente, incluido lucro cesante, más intereses (art. 38). Atala Riffo c. Chile (2012): compensación en servicios (atención médica y psicológica). Bulacio c. Argentina (2003): US$ 124.000 daño material, US$ 210.000 daño inmaterial, US$ 40.000 costas.
3. Satisfacción (art. 37 CDI): reconocimiento de la violación, expresión de pesar, disculpa formal; NUNCA en forma humillante para el Estado. La sentencia es "per se" forma de reparación y satisfacción moral (La Última Tentación de Cristo; La Cantuta; Yvon Neptune). La Cantuta c. Perú (2006): monumento "El Ojo que Llora", publicación de la sentencia, programas de educación en DD.HH. Caso AMIA c. Argentina (2024): acto público de reconocimiento, documental, archivo histórico. Las "Comisiones de la verdad" como satisfacción colectiva (Ferrer Lloret).

• Supervisión de cumplimiento: la Corte IDH verifica mediante informes (Comisión, Estado, víctimas) el cumplimiento; se funda en la "facultad inherente a las funciones jurisdiccionales".

7. Responsabilidad internacional del individuo

En una frase: los individuos que cometen crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad) incurren en responsabilidad internacional de naturaleza PENAL, ante tribunales penales internacionales.

En lenguaje llano: el Estado paga y repara; la persona va presa. Son dos carriles distintos que pueden correr en paralelo por los mismos hechos.

Detalle técnico: se juzga a personas físicas individualmente responsables (autores, coautores, cómplices, instigadores). Tribunales: ad hoc (Núremberg, Tokio, TPIY, TPIR) hasta la Corte Penal Internacional (La Haya, tratado en vigor desde julio de 2002). La persecución suele ser "selectiva" (grandes criminales). Puede coexistir con la responsabilidad del Estado.

• Creer que el daño o la culpa son elementos del hecho ilícito: no lo son (solo importan la violación y la atribución); el daño es relevante para la reparación.
• Confundir fuerza mayor (imposibilidad material, sin opción) con estado de necesidad (decisión voluntaria de sacrificar el cumplimiento por un interés esencial) y con peligro extremo (salvar vidas humanas).
• Pensar que el Estado puede justificar el incumplimiento invocando su derecho interno: está expresamente prohibido (art. 32 CDI; art. 27 CV).
• Creer que una ley interna contraria a un tratado viola siempre la obligación: no hay regla general, depende de si y cómo se aplica.
• Confundir responsabilidad del Estado (reparatoria) con la del individuo (penal): coexisten pero se juzgan ante tribunales distintos.
• Atribuir automáticamente al Estado los actos de particulares: solo hay atribución en los supuestos de los arts. 5, 8, 9, 10 y 11 CDI, o por falta de debida diligencia/regulación (Velásquez Rodríguez; OC 23/17).

• Tema 2 (fuentes): la obligación violada puede tener cualquier fuente (tratado o costumbre); el art. 60.5 CV se reutiliza aquí.
• Tema 6 y 7 (CIDH y Corte IDH): el procedimiento interamericano es la vía para declarar la responsabilidad y ordenar reparaciones (art. 63.1 CADH).
• Tema 8 (control de convencionalidad): la atribución a todos los órganos (OC 21/14) fundamenta el deber de control interno; el incumplimiento de sentencias es inconvencionalidad por omisión.
• Tema 4 (pro persona): la interpretación más favorable incide en el alcance de las obligaciones primarias.

1. Elementos: OBJETIVO (violación de obligación en vigor) y SUBJETIVO (atribución). Daño y culpa NO son elementos.
2. La violación puede ser por acción u omisión; se califica por el derecho internacional.
3. Arts. 12-15 CDI: hecho instantáneo / continuo / compuesto; obligaciones de prevención (de medios).
4. Atribución (arts. 4-11 CDI): órganos (todos los poderes), ultra vires, facultados por ley, agente de otro Estado, particulares por instrucción/control, funciones públicas de hecho, adopción, insurrección triunfante.
5. Exclusión de ilicitud: consentimiento, legítima defensa, contramedidas, fuerza mayor, peligro extremo, estado de necesidad (la más restringida). No valen frente a ius cogens; el derecho interno no justifica.
6. Consecuencias: continuidad del deber + cesación/no repetición + reparación (+ cooperación, no reconocimiento, no asistencia ante ius cogens, art. 41 CDI).
7. Reparación: RESTITUCIÓN (art. 35), INDEMNIZACIÓN (art. 36 + intereses art. 38), SATISFACCIÓN (art. 37, nunca humillante).
8. La Corte IDH supervisa el cumplimiento.
9. Estado (reparatoria) vs. individuo (penal, CPI desde 2002): coexisten.

• Obra completa (DDHH - Obra completa OCR), Cap. 12 "Responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos", Silvina S. González Napolitano, pp. 305-329 (líneas 57-1646 del OCR).
• Libro: González Napolitano et al., "Introducción al estudio de los derechos humanos", Cap. 12.
• Apunte de origen: `tema-01-responsabilidad-internacional.txt`.

• Todo el contenido proviene del apunte del Tema 1 y sus fuentes citadas (Cap. 12 de González Napolitano); no se agregó doctrina externa.
• Nada quedó marcado "a verificar" en esta unidad.